Un tribunal de la capital confirmó la detención del viceministro de Defensa, Timur Ivanov, responsable de la construcción y mantenimiento de instalaciones militares.
La acusación de haber recibido un soborno parece, en definitiva, ligera en un entorno en el que la corrupción, según informes de la oposición, está muy extendida. Por tanto, es normal que alguien plantee dudas sobre los verdaderos motivos de tal iniciativa en un momento tan delicado, hasta el punto de hablar incluso de una acusación de traición.
El sitio de investigación Vazhnye Istorii ('Historias importantes') afirmó haber sabido por dos fuentes de los servicios de inteligencia internos del FSB que la versión de la corrupción fue creada "sólo para la opinión pública".
"Nadie lo habría detenido por esto", afirmó una de las fuentes, según la cual las verdaderas implicaciones del asunto eran "conocidas desde hacía mucho tiempo" en el Kremlin.
En resumen, Ivanov sería sospechoso de traición, pero las autoridades habrían preferido no hacerlo saber para no correr el riesgo de dañar su imagen con consecuencias impredecibles.
El abogado del viceministro, Murad Musayev, lo negó rotundamente y el portavoz del Kremlin habló de puras "especulación".
"Hay muchas opiniones diferentes sobre este asunto, pero, por supuesto, tenemos que confiar en la información de las autoridades investigadoras y, en última instancia, en la decisión de los jueces", fue la invitación de Dmitry Peskov.
La Corte del distrito de Basmanny, que confirmó el arresto de Ivanov y su amigo empresario, Serghei Borodin, ordenó que los dos permanezcan en prisión preventiva hasta al menos el 23 de junio.
El viceministro ya fue trasladado a la prisión de Lefortovo.
Por el cargo de corrupción, Ivanov, que compareció ante el tribunal vistiendo su uniforme militar y proclamando su inocencia, corre el riesgo de ser condenado a hasta 15 años de prisión.
El abogado Musayev, al anunciar que recurrirá para pedir su liberación, afirmó que no estamos hablando de dinero, sino de trabajos gratuitos realizados por empresas constructoras en las propiedades inmobiliarias del viceministro a cambio de favores.
Ivanov, que tiene 48 años y ocupa el cargo desde 2016, fue cuestionado, entre otras cosas, en 2022 en una investigación de la fundación anticorrupción del opositor Alexei Navalny.
Sobre el frente del conflicto ucraniano se registró, en tanto, una importante novedad. Por primera vez en más de dos años una delegación rusa y una ucraniana mantuvieron un encuentro cara a cara en Qatar, donde acordaron el intercambio de 48 niños, 29 de ellos volverán a Ucrania y 19 a Rusia. Así lo anunció Maria Llova-Belova, la comisaria rusa para los derechos de la infancia.
Moscú siempre rechazó las acusaciones de haber deportado a menores ucranianos contra los deseos de los familiares, una acusación que le costó a la misma Llova-Belova y al presidente, Vladimir Putin, una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.
El sitio de la oposición Meduza, en tanto, denunció que el Patriarca Kirill, jefe de la Iglesia ortodoxa rusa y partidario de las políticas de Putin, impuso una suspensión de tres años a un sacerdote que celebró una función conmemorativa sobre la tumba de Alexei Navalny a fines de marzo, 40 días después de su muerte.
El religioso es Dmitri Safronov, clérigo de la iglesia de la intercesión de la Santa Virgen sobre la colina de Lyschikova en Moscú.
Meduza precisó que en la orden del Patriarca no están explicadas oficialmente las motivaciones de la decisión.
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