(ANSA) - CIUDAD DE MEXICO, 14 MAG - Si en Italia el líder de
la Liga, Matteo Salvini, promete una campaña en 500 plazas para
recolectar las firmas para que la gestación subrogada sea
reconocida como un crimen universal, del otro lado del
hemisferio el Senado mexicano lanzó una ofensiva contra un
negocio que está afianzándose cada vez más en el país,
especialmente en los estados de Sinaloa, Tabasco y Quintana Roo,
basándose en las condiciones de extrema pobreza de las mujeres.
Al frente de la lucha contra el cada vez más floreciente
negocio de los intermediarios de gestación subrogada se
encuentra el senador José Narro, de la fuerza de centroizquierda
en el gobierno Movimiento Regeneración Nacional, quien presentó
una iniciativa de reforma con penas de hasta 17 años de prisión.
Una respuesta también a las peticiones de colectivos
feministas.
Narro presiona para que la práctica sea calificada como un
delito vinculado al "tráfico de órganos", centrándose también en
el tema de "proteger el derecho a la identidad de los niños por
nacer".
En México, la primera regulación de la gestación subrogada
se remonta a 1977 en el estado de Tabasco, y Sinaloa hizo lo
propio en 2021.
Tres estados -Coahuila, San Luis Potosí y Querétaro- la
prohibieron, mientras que en el resto del país hay una situación
confusa, también porque en 2019 la reforma a la Ley General de
Salud dispuso que la maternidad por terceros podía ser
considerada una especie de reproducción asistida.
Y en junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación aprobó una resolución que permite a cada estado decidir
si regula las condiciones económicas o dejar plena libertad a
los individuos.
De acuerdo con la Coalición contra la trata de mujeres y
niñas en América Latina y el Caribe, cada año en México nacen
por encargo al menos 5.000 bebés, con la mediación de organismos
especializados. Y el dato no parece ser la punta del iceberg.
Las mujeres que se ofrecen para llegar adelante la
maternidad de otras parejas en México tienen entre 18 y 35 años
y en la mayoría de los casos viven en una situación de gran
dificultad.
A menudo son reclutadas en los albergues contra la violencia
o son madres solteras con hijos a cargo, y repiten la
experiencia aún más veces a lo largo de los años.
Según la reciente encuesta internacional Baby Broker
Investigation, coordinada por Finance Uncovered y financiada por
el Pulitzer Center, con la participación de periodistas del on
line mexicano Animal Político, una de las empresas que maneja el
negocio a nivel global, la New Life, con 73 oficinas en el
mundo, uno de ellos en Cancún, ofrece contratos sin valor legal
a mujeres embarazadas.
De hecho, las mujeres se quedan en la oscuridad, sin
información precisa sobre los tratamientos hormonales a los que
se someterán, sin seguro médico y con una vaga promesa de
compensación si algo sale mal.
La indemnización reconocida a una madre subrogada ronda los
9.400 dólares, pero sólo si el parto se produce entre la semana
37 y 40.
En el caso de los gemelos, la cifra asciende a 10.400
dólares.
Se pueden otorgar alrededor de 2.000 dólares en el caso de
un aborto espontáneo. También puede ocurrir que las cláusulas
prevean la posibilidad de que los padres del cliente abandonen
al recién nacido, en presencia de discapacidades.
Y mientras tanto, en los anuncios que cada vez florecen más
en las redes sociales, las agencias ofrecen paquetes que
incluyen sol, playa y bebés, por cifras que van desde los 25.000
a los 35.000 dólares, con clientes -cada vez más padres solteros
o parejas homosexuales- que llegan sobre todo de Estados Unidos
y Australia, pero ahora también de Europa. (ANSA).
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Utero en alquiler, México intenta detener el negocio
Salvini en Italia quiere que gestación subrogada sea considerada un crimen universal