MADRID, 8 (ANSA)- La jueza argentina María Servini suspendió hoy la toma de declaraciones de querellantes de la causa contra el franquismo que iban a realizarse en el consulado después de una nota verbal que la cancillería española envió a la embajada argentina.
    En su nota verbal la cancillería española requiere a la jueza argentina que envíe una comisión rogatoria para poder tomar declaración a doce de los 150 querellantes del caso abierto por delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
    "Su argumento es insostenible. El Ministerio de asuntos exteriores español se está poniendo nervioso con el avance de esta querella, que no pueden detener", dijo en rueda de prensa Carlos Slepoy, uno de los abogados de la causa.
    Slepoy argumentó que no es necesaria la comisión rogatoria pues se trata de "una causa argentina que iba a tomar declaraciones por videoconferencia en el consulado argentino".
    El abogado también responsabilizó de la anulación de la toma de declaraciones al embajador argentino en España, Carlos Bettini, quien manifestó en una nota a la jueza argentina "el descontento y malestar que causaba a las autoridades españolas" estas diligencias. Tras recibir la nota de Bettini, la jueza decidió suspender "por el momento" las audiencias testificales, que ya se suspendieron una primera vez a finales de abril.
    Slepoy dijo que el gobierno español "olvida que el juez Baltasar Garzón instruyó causas por los desaparecidos en Argentina y Chile y que no hubo ningún obstáculo. Cuando se juzgó a (Adolfo) Scilingo se realizaron 30 videoconferencias", apuntó.
    El abogado hizo un llamado al gobierno argentino para que desbloquee la situación mientras que en Argentina seguirán declarando testigos ante la jueza.
    Fausto Canales, uno de los querellantes que debía declarar hoy, mostró su "frustración" y denunció la "interferencia intolerable política. Esperemos que la jueza no se deje amilanar por las presiones del gobierno español".
    Junto a Canales, cuyo padre fue asesinado en el franquismo, debían declarar hoy la hermana de Salvador Puig Antich, ejecutado en la cárcel Modelo de Barcelona en 1974, y Pablo Mayoral, procesado por un juzgado militar.
    En total se habían programado para este mes y junio la declaración de 12 querellantes de los 150 de la causa.
    Los querellantes han pedido a la Justicia argentina que impute a Rodolfo Martín Villa, quien ocupó cargos en el franquismo y a los ministros José Utrera Molina y Fernando Suárez, así como a dos jueces y cuatro agentes de la policía. UR-MI/MRZ
08/05/2013 21:32