(Programada) Por Mónica Uriel MADRID, 7 (ANSA)- Un tribunal retiró hoy la imputación a la infanta Cristina a la espera de más datos en el caso de presunta corrupción en el que está involucrado su esposo, Iñaki Urdangarín, informaron fuentes judiciales.
    La Audiencia provincial de Palma admitió así el recurso que había presentado la fiscalía, que no veía indicios suficientes para que fuese imputada el 3 de abril por el juez, José Castro.
    El juez había citado a declarar como imputada a la infanta -citación suspendida después por el recurso del fiscal- por indicios de "cooperación necesaria" con su esposo en delitos de fraude, evasión de impuestos y apropiación indebida de seis millones de euros de fondos públicos a través de Nóos, organismo sin ánimo de lucro. Urdangarín utilizó su parentesco con la casa real para hacer negocios.
    Uno de los tres magistrados que forman el tribunal se mostró a favor de mantener la imputación y así lo manifestó en un voto particular.
    El tribunal concluyó no ver "indicios vehementes" de que la infanta "conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido" por Urdangarín y su ex socio, Diego Torres, para "cometer un fraude" y "apropiarse ilícitamente de fondos públicos". No obstante, el tribunal suspende "de momento" la imputación respecto a un "posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de dinero" a la espera de recibir más información.
    El tribunal esperará las "aclaraciones" que solicite el juez Castro a la Agencia tributaria, a quien ha pedido las declaraciones de la renta de la infanta y su esposo de los últimos diez años, solicitud que éstos han recurrido.
    Tras las conclusiones de hacienda, el tribunal decidirá de nuevo si mantiene o no las imputaciones por delito fiscal y si procede citar o no como imputada a la infanta Cristina.
    La Agencia tributaria ya descubrió en la contabilidad de Aizoon, empresa que comparten a partes iguales Urdangarín y la infanta, numerosas irregularidades en facturas y contratos. Los Duques de Palma desgravaron en Aizoon numerosos gastos personales, entre ellos los correspondientes a la rehabilitación de su vivienda en Barcelona, valorados en tres millones de euros, que nada tenían que ver con la sociedad, dedicada en teoría a las relaciones públicas y la publicidad.
    En su auto de hoy el tribunal insta además al juez Castro a que requiera a Torres que en un "determinado e improrrogable plazo" aporte todos los correos electrónicos que quiera utilizar "en su defensa y en perjuicio de otros imputados".
    Torres ha realizado varias entregas de correos electrónicos al juez con la intención de demostrar la presunta participación de miembros de la casa real en los negocios de Urdangarín. El tribunal censuró que Torres entregue correos electrónicos a "su voluntad y cuando caprichosa e interesadamente le venga en gana o a su interés" marcando "a su antojo" los tiempos.
    A raíz de sus correos el juez decidió imputar al secretario de las infantas, Carlos García Revenga, imputación que se mantiene, y posteriormente citó a declarar como imputada a la infanta Cristina, citación suspendida.
    Cuando el 3 de abril el juez citó como imputada a la infanta, ésta, por mediación del rey, se hizo con los servicios para su defensa del prestigioso abogado y "padre" de la Constitución, Miguel Roca.
    El abogado de la infanta recurrió la imputación señalando que el juez no imputaba "ningún hecho que pueda constituir una infracción penal".
    El levantamiento de la imputación de la infanta fue celebrado sin ambages por el partido gobernativo, el Partido Popular (PP), de Mariano Rajoy.
    "Me alegro de que se haya levantado la imputación, eso es bueno para la corona", declaró el vocero parlamentario del PP, Alfonso Alonso.
    El ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se mostró imparcial y pidió a los ciudadanos que confíen en la justicia: "El poder judicial actúa con independencia, aplicando la ley en todos y cada uno de los casos", afirmó. En la oposición, el partido socialista (PSOE) mostró "respeto" por la decisión judicial mientras que Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida (IU) declaró que "el rey ya no podrá decir que los españoles somos todos iguales ante la ley, somos unos más iguales que otros ante la ley".
    Llamazares se refería a las palabras del monarca en su discurso de la navidad de 2011, semanas después de la imputación de Urdangarín, cuando dijo que los españoles "somos todos iguales ante la ley". (ANSA). UR/ACZ
07/05/2013 18:53