MONTEVIDEO, 5 (ANSA) - Ex presos políticos y la oposición uruguaya cuestionaron hoy un proyecto de ley del gobierno para la Reparación a las víctimas de la represión, que fija indemnizaciones de hasta 40 mil dólares y donde por primera vez el Estado admite responsabilidades por el quiebre institucional en la dictadura (1973-85) y en violaciones a los derechos humanos.
    "Todos los ex presos no están incluidos, porque la parte indemnizatoria es sólo para asesinados y desaparecidos, nadie más", explicó a radio El Espectador el presidente de la Asociación de ex Presos Políticos, Crysol, Baldemar Taroco. El dirigente calificó al proyecto como "una lavadita de cara" y agregó que "hay muchos compañeros que ya han manifestado su intención de demandar al Estado, porque no han sido reparados como víctima del terrorismo de Estado".
    Con la firma del presidente Tabaré Vázquez, el texto, de 24 artículos y que ingresó ayer al Parlamento, reconoce "el quebrantamiento del estado de derecho que impidiera el ejercicio de derechos fundamentales de las personas", en violación a los derechos humanos o a las normas del derecho internacional humanitario" en el período que va del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985.
    Admite además la responsabilidad del Estado en "prácticas ilegítimas" en años previos a la dictadura, desde el 13 de junio de 1968 y hasta el 26 de junio de 1973.
    Sobre el resarcimiento, la iniciativa fija un único pago que oscila entre 20 y 40 mil dólares según el daño causado, atención médica en algunos casos y la colocación de placas alusivas en lugares donde hubo torturas y desapariciones.
    Si la propuesta prospera, podrán acogerse entre otros los que hubieran permanecido más de seis meses detenidos por motivos políticos; niños nacidos en cuarteles, personas que hubieran sufrido lesiones muy graves, los exiliados y familiares de la víctimas en segundo grado de consanguinidad y cónyuges también podrán solicitar amparo. JMG
05/05/2009 23:42