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Por Marcos Romero
CIUDAD DE MEXICO, 20 (ANSA)- Fuerzas federales asumieron el
control de la seguridad de 13 alcaldías en los estados de México
y Guerrero, donde se sospecha que las policías están infiltradas
por el crimen organizado, tras la desaparición de 43 estudiantes
en la ciudad de Iguala el pasado 26 de septiembre.
La medida ya había sido adoptada días atrás en los municipios
de Iguala y Cocula, en el sureño estado de Guerrero, cuyos
agentes fueron acusados de matar a seis personas, tres de ellos
estudiantes de la Escuela Normal para Maestros de Ayotzinapa.
El episodio precedió al secuestro de los jóvenes, cuyo
paradero todavía es una incógnita.
Las acciones para asumir las riendas de la seguridad tienen
lugar en localidades de las regiones de Tierra Caliente y norte
de Guerrero, como Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar,
Coyuca de Catalán, General Canuto A. Nerie e Ixcateopan y del
sur del Estado de México, como Ixtapan de la Sal, entre otros.
En total, las autoridades federales indicaron que fueron
cesados unos 1.500 agentes municipales al igual que sus mandos.
La situación en el estado sigue siendo tensa mientras aumenta
el clamor de diversos sectores para que renuncie el gobernador
Angel Aguirre, del izquierdista Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
La madrugada de hoy, hombres con el rostro cubierto entraron
en un edificio gubernamental en Chilpancingo, la capital y le
prendieron fuego luego de obligar al vigilante a irse.
En paralelo, la Procuraduría General de la República anunció
una recompensa de 1,5 millones de pesos (unos 120 mil dólares) a
quien proporcione información para localizar a los estudiantes,
que cumplen 24 días de desaparecidos.
Una semana después de la desaparición fueron hallados 28
cadáveres en fosas clandestinas en el cerro Las Parotas,
periferia de Iguala. Forenses argentinos apoyan a sus colegas
mexicanos para establecer su identidad, aunque las autoridades
se anticiparon a señalar que no corresponden a los estudiantes.
Hasta ahora suman más de 50 los detenidos por las autoridades
federales, 36 de ellos agentes municipales de Iguala y Cocula, y
17 presuntos integrantes de la banda conocida como Guerreros
Unidos, incluido su líder Sidronio Casarrubias.
La organización mantiene una guerra sin cuartel con otra
llamada Los Rojos, por el dominio de una amplia región del
centro y sur de México, especialmente en los estados de Morelos,
México y Guerrero y las cuales en el pasado fungieron como
brazos armados del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El Ejército desarmó a los policías de esas localidades y
asumió las labores de seguridad con elementos de la Gendarmería
y la Marina.
El gobierno estima que algunas bandas entregan pagos
mensuales a jefes policiales para proteger actividades ilícitas
como el secuestro, la extorsión y la venta de droga.
En la turística ciudad de Taxco, Guerrero, capital de la
plata en México, los militares sorprendieron en su cuartel a los
policías y los desarmaron. Empero, Erubiel Salado, jefe de la
Policía local, acusado de proteger a Guerreros Unidos, huyó del
lugar.
Los expertos estiman que inclusive miembros del cabildo
municipal y los propios alcaldes estarían involucrados con
organizaciones criminales; como José Luis Abarca, el alcalde de
Iguala, acusado de ser el autor intelectual de la represión y
desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Abarca, a quien el Congreso destituyó y privó de inmunidad
mediante un "impeachment" y que es fugitivo de la justicia, es
acusado de reprimir y desaparecer a los jóvenes para evitar que
boicotearan su segundo informe de gobierno, previsto para el 18
de septiembre.
Versiones de algunos medios refieren que su esposa, Angeles
Pineda, relacionada con una familia de narcotraficantes que
pertenecen a Guerrilleros Unidos, iba a ser lanzada como
aspirante a suceder al intendente.
MRM-GMA/ACZ
20/10/2014 20:17
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