Por Rubén Céspedes
ASUNCION, 20 (ANSA)- El jefe de Investigaciones de la policía
del departamento de Canindeyú, noreste de Paraguay, donde fue
asesinato un periodista presumiblemente por narcotraficantes,
dijo hoy que el narcotráfico tiene protección política, lo que
dificulta luchar con eficacia contra ese delito. En declaraciones a la emisora radial 800 AM, el comisario
Juan Barua habló hoy de las dificultades que afrontan los
policías para luchar contra los narcotraficantes. El jueves pasado fue acribillado a tiros por dos sicarios el
periodista Pablo Medina, corresponsal del diario ABC Color en
Curuguaty, distante 250 kilómetros de Asunción, una zona azotada
por la violencia relacionada a la producción y venta de
marihuana. Señalado como presunto ideólogo del crimen, las autoridades
emitieron orden de captura contra Vilmar "Neneco" Acosta
Marques, intendente de Ypehú, actualmente prófugo. Ypehú, en la frontera con Brasil, está ubicada a 90
kilómetros de Curuguaty, en la zona de influencia de la
cobertura del periodista Medina, quien retornaba a su lugar
desde esa zona cuando fue atacado por los sicarios. Hace tiempo que Medina venía publicando presuntas actividades
de Acosta Marques vinculadas con el narcotráfico, y denunciaba
las amenazas del intendente en su contra, lo cual obligaba a
solicitar guardia policial.
Las publicaciones referían también que un hermano del
intendente cayó preso en el Brasil por cuestiones relacionadas
con la droga. El jefe del Departamento de Investigaciones de Canindeyú,
Juan Barua, reveló que cuando se detenía a un sospechoso de
vender drogas era liberado al día siguiente y el jefe policial
que había ordenado el arresto era trasladado.
"Había protección política para delincuentes, el camión que
fue requisado en la Municipalidad de Ypehú estaba preparado con
doble fondo para drogas", afirmó Barua. El comisario aludió a un camión incautado en el local de la
propia Municipalidad de Ypehú con doble fondo. "Anteriormente no se podía hacer nada ya que había protección
política para los delincuentes, se encubría a todos", insistió
el jefe policial. El periodista asesinado solía informar sobre la guerra de
clanes de producción y comercio de la marihuana existente en la
zona, uno de los cuales presuntamente es liderado por los
hermanos Acosta Marques. El caso salpicó también a la influyente diputada colorada del
departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, cercana al
intendente prófugo, de quien dijo que pertenece a su equipo
político. En una conferencia de prensa, la legisladora admitió hoy que
tras el crimen del periodista, recibió una llamada del
intendente prófugo, quien estaba preocupado por las acusaciones
en su contra. Según afirmó Villalba, le recomendó presentarse a la
justicia. La cuestión fue centro de debate de paneles periodísticos
durante el fin se semana, que analizaron ampliamente la
incidencia del crimen organizado en la política nacional. Al respecto, uno de los analistas, Bernardino Cano Radil,
afirmó que si el gobierno no logra contener ahora la creciente
influencia del narcotráfico, el país se encamina a situaciones
parecidas a las de Colombia y México. Entretanto, el corresponsal del diario Ultima Hora en la
misma zona, Elías Cabral, también denunció hoy que recibió
amenazas de muerte.
Representantes de gremios periodísticos reiteraron hoy su
reclamo al gobierno de garantías para el ejercicio de la
profesión. El ministro del Interior, Francisco de Vargas, prometió el
apoyo del gobierno y aseguró que "sean quienes sean los
responsables (del asesinato) serán capturados y (el crimen) no
quedará impune".
CES-MI/ACZ
20/10/2014 20:17
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